Joaquín Torres vive uno de los momentos más difíciles de su vida y así se ha encargado de manifestarlo en su declaración como testigo en el juicio que se celebra en Valencia contra Eduardo Zaplana y otras 14 personas por el caso Erial.

El arquitecto estaba citado a declarar por su relación con una de las operaciones urbanísticas que la Guardia Civil atribuye al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP.

Se trata de la operación en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid), realizada en 2005.

[La difícil situación familiar de Joaquín Torres: su padre, ingresado en un hospital por un delicado bache de salud]

La Fiscalía acusa a Zaplana de adquirir un inmueble en esta exclusiva zona de Madrid, propiedad del empresario fallecido en 2010 Luis García Cereceda, con el dinero que obtuvo del supuesto cobro de comisiones.

Más tarde, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de la trama de Zaplana por un importe notablemente superior, generando una plusvalía significativa. 

Torres empezó su declaración lamentando verse implicado en este juicio por su relación con la familia García Cereceda.

"Vivo en la penuria. He sufrido acoso, he sido chantajeado y perseguido por Cristina García Cereceda. No quiero declarar. Me arrepiento tanto por haber trabajado para esa familia. No me ha traído más que problemas. A quien tendría que preguntar es a Susana García Cereceda".

Además, aseguró estar "atemorizado" por haber trabajado en el desarrollo de La Finca.

"Tuve que quebrar el despacho porque Susana boicoteó todos mis clientes si no me posicionaba con ella y sus líos. Quiero dedicarme a vivir de la arquitectura dignamente y limpiamente", insistió. 

Torres reconoció que conocía al político. "Yo lo conocía anteriormente a Zaplana. Comprábamos ropa en una tienda común".

Según la Guardia Civil, el histórico político del PP se habría beneficiado de esta operación en La Finca y Joaquín Torres ha confirmado en el juicio que habló con colaboradores de Zaplana para esta operación y se citó con ellos. 

"Eran dos o tres personas. Hacían preguntas como si fueran ellos los clientes. Yo di la información que se me requería en todo momento y, si era algo opinable, les daba mi opinión". 

En su declaración inicial ante los investigadores, calificó a un colaborador con el que se reunía de "testaferro" de Zaplana, pero en el juicio rectificó.

"Yo no sé cómo lo califiqué. Lo de testaferro no me lo pudo decir el señor Zaplana. Lo diría yo como bocazas que soy y he sido en mi naturaleza. No tengo más que lo que yo pude pensar en aquel momento".

Según Torres, "Zaplana compró, porque me lo confirmó el señor Cereceda. Me dijo: 'Se lo ha quedado Zaplana'. Y la inmobiliaria se lo vuelve a comprar, creo recordar que lo vuelve a comprar Procisa".

El arquitecto admitió, a preguntas del fiscal, que la operación de La Finca fue "especulativa" y generó un importante beneficio económico.

"Si la compra y vende sin valor añadido es una operación especulativa. Allí no se hizo nada. Se compró por x y se vendió por x. Y se lo compró la misma empresa que se lo había vendido. Coño, estos chollos los quiero para mí".

Torres manifestó que en la actualidad no tiene relación con Zaplana. "Ninguna relación. Hace cuatro o cinco inviernos coincidí con su hija en Baqueira y fue exquisita. No me dijo nada. Y lo cual agradecí muchísimo".

El arquitecto no pasa por su mejor momento. Se está recuperando de un fatal accidente de moto que se desarrolló en diciembre y por el que ha tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones, mientras lidia con una guerra judicial por un asunto familiar.

Torres y la familia García Cereceda tienen varios frentes abiertos. En 2020, publicó un artículo de opinión en el que aseguró que en un restaurante de esta familia se grabaron conversaciones privadas entre comensales y vinculó al empresario con el comisario Villarejo.