En 2018, la Comisión Europea lanzó su Plan de Acción en Finanzas Sostenibles, cuyo objetivo principal era desarrollar una suerte de diccionario que permitiera un lenguaje común en relación con la inversión sostenible, al menos en Europa. Como resultado de este Plan, nació la Taxonomía Europea, una herramienta de transparencia basada en la ciencia que tiene como objetivo ayudar a las empresas y a los inversores a identificar proyectos que contribuyan a un objetivo sostenible.

Pese a que la Taxonomía es un sistema de clasificación centrado en actividades económicas, no constituye una lista de sectores o industrias verdes o marrones, sino que se trata de un instrumento que debe servir a todos los participantes en los mercados financieros para realizar inversiones que permitan alcanzar unos objetivos medioambientales comunes.

Es importante recalcar la palabra “medioambiental”, ya que la actual Taxonomía europea sólo contempla, por el momento, la identificación de actividades que contribuyan o faciliten los siguientes objetivos: i) mitigación del cambio climático, ii) adaptación al cambio climático, iii) sostenibilidad y protección del agua y los recursos marinos, iv) transición a una economía circular, v) prevención y control de la contaminación y vi) protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. 

No obstante, y a pesar de que la prioridad se ha puesto en el desarrollo de la Taxonomía ambiental, ya sea por la emergencia climática o por la “facilidad” de tratar los objetivos medioambientales desde una perspectiva científica, la Comisión Europea era consciente de la importancia de contar con una Taxonomía Social que facilitase y promocionara la financiación de unos objetivos orientados a mejorar el bienestar del conjunto de la sociedad. Por ello, tras la solicitud de la CE, la Plataforma de Finanzas Sostenibles elaboró, en 2022, su informe final sobre la Taxonomía Social.

La Taxonomía es un sistema de clasificación centrado en actividades económicas

Un trabajo sobre el que no se espera avances significativos en el corto plazo, como consecuencia de los retos que el propio grupo de trabajo reflejaba en el informe. Por un lado, la dificultad de definir actividades económicas como socialmente sostenibles, o en su defecto, como socialmente perjudiciales y; por otro lado, las posibles discrepancias entre normativas o prácticas de índole social entre los distintos países europeos.

Sin embargo, el reto de la estandarización no es único de los aspectos sociales. Más allá de la Taxonomía europea, existen más de una decena de taxonomías medioambientales desarrolladas a nivel mundial, y más de 25 en desarrollo. Y no todas siguen la misma lógica que la europea. Por ejemplo, la Taxonomía china se utiliza fundamentalmente por instituciones financieras y corporaciones para la emisión de bonos verdes en los mercados internos chinos, y se considera como una “lista blanca” de actividades y proyectos económicos elegibles en varios sectores y subsectores.

Por tanto, las actividades pueden ser elegibles sólo si la actividad ha sido incluida en la lista. La Taxonomía europea, al contrario, no ofrece un sistema binario, sino que permite evaluar el grado de alineación de una empresa con la taxonomía (en base a sus ingresos, inversiones o gastos), facilitando así, no sólo la clasificación en base a sus ventas actuales, sino también en base a sus esfuerzos para adaptar su negocio y los procesos operativos a unos estándares de sostenibilidad o en el desarrollo de nuevas líneas de actividad. 

Por tanto, pese a que estamos dando pasos para conseguir hablar un idioma común en materia de inversión sostenible, en los próximos años todavía será necesario hacer una labor de traducción para poder entender y comparar la inversión sostenible fuera de Europa. 

*** Claudia Antuña es profesora de Afi Escuela.